El Gobierno de Cospedal, "al margen de la Ley con
los Dependientes"
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha denunciado, con documentación oficial, una vez más, "la ilegalidad de las acciones del Gobierno de Cospedal con las personas dependientes".
- Ley 36/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia
- Decreto de Mayo de
2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha del
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.
- Orden de Julio de
2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-la Mancha de
intensidades y servicios y prestaciones para las personas en situación de
dependencia.
Según recuerda la
plataforma, con fecha 27 de noviembre de 2014 el Gobierno de Cospedal reconoce
por escrito y en documento oficial que la expulsión del sistema de atención a
la dependencia por no aceptar la propuesta que se le hacía no se ajustaba a
Derecho y anuló dicha resolución.
La plataforma de la
Dependencia lamenta que el Gobierno de Cospedal, a pesar de reconocer la
ilegalidad de sus acciones, sigue enviando resoluciones ilegales "amenazando
a las personas dependientes con seguir dejándoles fuera si no aceptan lo que se
les ofrece, como se demuestra con la resolución que envía con fecha 7 de
enero de 2015".
La Plataforma en
Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, asociación representativa
de este colectivo con más de 4.200 miembros, demuestra, una vez más, con
documentación oficial, "el más absoluto desprecio que el Ejecutivo de
Cospedal tiene hacia las personas dependientes, utilizando el fallecimiento de
mucho de ellos mientras esperan recibir la prestación que les corresponde por
ley y la expulsión de forma ilegal, como el mismo reconoce, para maquillar unas
listas de espera y una atención hacia el colectivo más débil, frágil y
desprotegido de la sociedad".
La Plataforma en
Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ya ha instado,
mediante escrito registrado con fecha 22 de enero, a la inmediata paralización
de estas resoluciones "no ajustadas a Derecho, poniendo en conocimiento
del Ejecutivo de un presunto delito de prevaricación cometido por quienes las
están firmando".
"A nuestra
Plataforma no la temblarà el pulso en acudir a la Justicia, como ya hemos hecho
en otras ocasiones, para defender y proteger los derechos que por Ley le
corresponden a todo el colectivo de personas dependientes a los que
representamos", advierten.
UN SALUDO SOCIALISTA
