En una semana, el PP ha pasado de
puntillas por "esas cosas que nunca deben volver a ocurrir"; ha
pedido disculpas por haber elegido malas compañías; ha compartido hartazgo e
indignación con los españoles por los casos de corrupción, ha desempolvado
viejas medidas anticorrupción y ha activado un Consejo de Transparencia... Bla,
bla, bla.
El barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) que hoy se conocerá les situará frente al
espejo de una cruda realidad. Los españoles ya no les escuchan. Ni a Cospedal
cuando dice que en su partido están tan escandalizados como los ciudadanos por
la corrupción; ni a SSS (Soraya Sáenz de Santamaría) cuando anuncia el enésimo
paquete de medidas para la regeneración de la vida pública, ni a Mariano Rajoy
cuando sostiene compungido que ahora le toca no sólo lamentar, sino actuar. No
entienden nada. El veredicto de la opinión pública está ya dictado y pesa sobre
sus cabezas. Nadie les cree. Porque no es probablemente la corrupción la que
nos distinga de otros países, sino la respuesta contra ella de quienes dirigen
la vida pública.
¿Acaso alguien entiende que Bárcenas
siguiera cobrando del PP después de que se le descubrieran más de 45 millones
de euros en Suiza? ¿Que Rajoy escribiera aquél "Luis, sé fuerte, hacemos
lo que podemos"? ¿Que Esperanza Aguirre no leyera los dossiers que le llegaban
a su despacho sobre las trapacerías de su número dos, Francisco Granados? ¿Que
Cospedal no supiera quienes son los empresarios imputados por la Audiencia
Nacional en la mayor trama de corrupción de los últimos años?
Ahí
queremos ir hoy. A la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La
Mancha, a las amistades peligrosas del partido en el Gobierno, a la Gürtel, a
los sobornos y a los empresarios que en este país están bajo sospecha y siendo
investigados por la Justicia. El que va a ocupar estas líneas se llama José Luis Ulibarri. Su nombre ya
aparecía en el informe de agosto de 2008 que la Audiencia Nacional hizo sobre
la trama corrupta montada por Francisco Correa alrededor del PP. La Unidad de
Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía le describía como
"presidente del Grupo Begar, íntimo
amigo de Correa" y al corriente de todos los negocios que se cocían en el
entorno de la trama, en especial el de la adjudicación de una parcela municipal
en Boadilla del Monte a la promotora UFC, propiedad del mencionado, investigado
por la Audiencia Nacional por haber pagado supuestamente un soborno de un
millón de euros por aquella operación.
Pues
lean, lean porque no hace ni una semana -el pasado 27 de octubre- que la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta
de Castilla-La Mancha acaba de adjudicar un contrato por valor de 34 millones
de euros a una filial del Grupo Begar que preside el imputado Ulibarri para la
gestión de una residencia de mayores en Toledo. La sociedad en cuestión está
registrada con el nombre de Aralia Servicios
Sociosanitarios, y hasta septiembre de 2009 estaba presidida por el
empresario imputado en la causa Gürtel por delitos de cohecho, blanqueo de
capitales y contra la Hacienda Pública. En el registro hoy
aparecen como administradores solidarios su esposa, Milagros Alonso Fernández e
hijo, Enrique Ulibarri Fernández.
Según la resolución publicada por la
Junta, a Aralia, que nunca antes había contratado con esta Administración
regional, se le pagarán 51,79 euros por cada plaza del centro de mayores, 1,79
más de los que se abonan a las empresas privadas que conciertan servicios de
las mismas características en aquella Comunidad.
El
contrato en cuestión ha hecho saltar las alarmas en la región, no porque haya
tacha de ilegalidad en el procedimiento, sino porque se desplacen a Castilla-La
Mancha y sean beneficiados con adjudicaciones públicas los empresarios
vinculados al PP que un día camparon a sus anchas por
Valencia y Madrid y hoy son investigados por la Justicia.
Así que a la secretaria general del PP
se le acumulan los problemas. Primero la indemnización en diferido de Bárcenas,
después la imputación del ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina, por la
supuesta mordida de 200.000 euros que le fue entregada por Sacyr para financiar
su campaña electoral y ahora sus escarceos con un empresario imputado por la
trama Gürtel. Lo dicho: que no es la corrupción, sino la respuesta contra ella;
que no es la legalidad, sino la ética y la estética. Y parece que no se enteran.
UN SALUDO SOCIALISTA